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Este jueves Amnistía Internacional presentó los resultados y conclusiones de la investigación de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas en en el país del último mes.

Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional dio a conocer las conclusiones, acompañada por Pilar Sanmartín, investigadora de crisis para Amnistía Internacional, y Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Chile.

El organismo resaltó que “las fuerzas de seguridad bajo el mando del Presidente, especialmente el Ejército y Carabineros, están cometiendo ataques generalizados usando la fuerza de forma innecesaria con Intención de dañar y castigar a manifestantes”.

Además, precisaron que “al menos 5 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2.300 han resultado lesionadas, de las cuales más de 1.400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo”.

El Ministerio Público ha registrado “más de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles o inhumanos o degradantes, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos”.

Según cifras de Carabineros, alrededor de 1.600 de sus funcionarios están heridos, 105 de ellos con lesiones graves.

Desde Amnistía destacaron que “el grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión”.

En la misma línea, agregaron que “la no prevención de este tipo de actos, cuando se tiene el deber de hacerlo, es una causal de responsabilidad penal individual según el derecho internacional”.

También se identificó “el uso de rifles Galil Ace Y Famae SG 540 semiautomáticos y pistolas de mano semiautomáticas de munición letal”.

El documento precisa que “una de las formas más frecuentes de lesionar a las personas manifestantes ha sido a través de malos tratos y, en menor medida, la tortura, lo que constituye un crimen de derecho internacional”.

También documentaron “la práctica de los Carabineros y soldados de atropellar o intentar atropellar a manifestantes mientras caminaban por la calle en al menos 9 ocasiones en varias ciudades. Así un militar arrolló y mató a Manuel Rebolledo, de 23 años, en Talcahuano”.

Finalmente, el organismo realizó “varias recomendaciones al gobierno, entre ellas la de emprender una reforma profunda a Carabineros. Esto incluye revisar su marco normativo con miras a transformarlo para que garantice que todas sus actuaciones se realizan apegadas a los derechos humanos”.

Agencia Uno

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