La Fiscalía Regional de O’Higgins informó que subió de 16 a 88 el número de personas fallecidas mientras se encontraban en lista de espera por Garantías Explícitas en Salud (Auge o GES) en el Hospital de Rancagua. Este aumento se detectó en el marco de la investigación por la presunta reducción artificial de los listados de atención médica.
Según consigna hoy La Tercera, esta información la entregó el martes el fiscal regional Emiliano Arias en una sesión secreta de la comisión de la Cámara de Diputados que investiga la adulteración de estas nóminas entre 2012 y 2016, las que debiendo haber recibido atención garantizada fueron sacadas de manera eventualmente fraudulenta del sistema.
El diario destaca que Arias explicó el nuevo registro de los decesos, el cual se hizo luego de analizar un grupo de casos, aleatoriamente a nivel nacional, por lo que el número de personas muertas en listas de espera podría seguir aumentando, según les explicó a los parlamentarios.
Entre las diligencias que ha herealizadocho el fiscal Arias, está la incautación de documentos en Fonasa, del Servicio de Salud, donde se requisaron correos electrónicos, y también se solicitó a la Superintendencia de Salud el análisis de las listas GES desde 2012 a 2016.
Fuentes del caso indicaron al diario que esta última petición al organismo fiscalizador es a nivel nacional para detectar los antecedentes que puedan ser similares a lo ocurrido en el Hospital de Rancagua.
Juan Luis Castro (PS), presidente de la comisión investigadora, declaró que “hay información parcial que aún no está totalmente procesada, no hay un balance definitivo. Toda persona que muere es grave, pero eso se está investigando. Lo que sí está claro es que hay un desorden que a lo menos tiene que ser indagado”.
Actualmente, la fiscalía indaga posibles delitos de fraude al Fisco, por el pago de bonos, falsificación de instrumento público y cuasidelito de homicidio.
La comisión deberá determinar las responsabilidades administrativas y políticas del caso, donde, hasta ahora, se analiza proponer una modificación al sistema de las listas de espera, dado que, según consideran algunos parlamentarios, el proceso pasa por “muchas manos” y no está a cargo de alguien en específico.