La creciente preocupación por el impacto de estas sustancias en la salud y el ambiente se ha traducido en cambios como la prohibición del uso de productos y la revisión de los límites máximos de residuos, sobre todo en la UE, pero también en otros países.
La prohibición del uso de los insecticidas imidacloprid, clotianidina y tiametoxam -utilizados en cultivos de maíz, girasoles, algodón y raps, y fabricados por las empresas Bayer y Syngenta-, anunciada por los países miembros de la Unión Europea hace un par de meses, no fue una sorpresa en ese continente. De hecho, el debate sobre el impacto que podrían tener los neonicotinoides, como se conoce a estos plaguicidas, entre las causas de la disminución de las poblaciones de abejas silvestres y melíferas se venía estudiando por años, y su utilización ya estaba limitada en Europa desde 2013, bajo el concepto de precaución.
Sin embargo, luego de un estudio publicado a comienzos de este año en la revista Science, los investigadores de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria determinaron que los tres plaguicidas mencionados sí producen daños a las abejas al aplicarlos al aire libre y los prohibieron, aun cuando no se fijaron nuevas reglas para los productos que se exportan a Europa y puedan contener residuos de esas sustancias -todas autorizadas en Chile-, ya que la preocupación está centrada en el impacto sobre los insectos.
Lo ocurrido con los neonicotinoides es solo un ejemplo de la tendencia que busca un giro hacia una producción más sustentable para el medio ambiente y las personas, y que lleva a cambios en las regulaciones para la autorización y el uso de plaguicidas. Hasta ahora, Europa lleva la delantera, pero los especialistas piensan que la tendencia se masificará.
“Indudablemente, los plaguicidas de origen químico están siendo objeto cada vez de mayores restricciones, y cuando se autoriza uno nuevo tiene que sortear exigencias mucho más altas. Eso nos pone en un escenario donde la disponibilidad de nuevas moléculas y formas de uso no es tan amplia, y se están incrementando las investigaciones y desarrollos de moléculas con otros mecanismos de acción o fuentes no químicas. Y es un tema del que hay que hacerse cargo”, plantea Eduardo Aylwin, ingeniero del área de soporte de riesgos de Achipia, quien participa en las reuniones sobre plaguicidas que mantienen en la OCDE, la Apec y el Codex Alimentarius.
El nuevo escenario implica desafíos para Chile como exportador, especialmente en el desarrollo de investigación local sobre nuevas soluciones más inocuas, que reemplacen a los productos actuales, y en la participación en instancias de debate internacional. Y también para el mercado interno, donde se requiere asegurar que los productos autorizados y sus residuos no presenten riesgos para el medio ambiente ni la salud de las personas ni animales en el largo plazo.
Menor tolerancia a residuos
Si bien temas puntuales como la prohibición de los neonicotinoides en la UE hasta ahora no afectan a los envíos chilenos, ya que solo rige para los productores de esos países, los cambios en los Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas presentes en alimentos, especialmente en los productos frescos, sí tienen un impacto directo para los exportadores locales.
Los expertos comentan que los ajustes a estos límites no son solo una preocupación constante en Europa, sino que en general los países están tendiendo a establecer sus propios LMR, algo que genera una desarmonización de las normas -ya que hasta hace algunos años la mayor parte, incluido Chile, se regía por el Codex Alimentarius- y posibles obstáculos para el libre comercio a futuro.
“Todas esas adecuaciones normativas obedecen a evaluaciones basadas en ciencia que hace cada país. Antes, solo lo hacían Estados Unidos y Europa, pero hoy muchos países de Asia los están estableciendo, lo que significa que los exportadores tendrán que preparar los límites máximos para llegar con cada producto a esos países”, explica Eduardo Aylwin.
La complejidad que esto puede traer es que si algún país que ha establecido sus LMR no tiene autorizado un plaguicida que se usa en otro lugar, pueden establecer una tolerancia cero para ese producto, lo que podría generar desventajas para exportadores de todo el mundo.
Con ese escenario, los especialistas consideran que una tendencia que viene es que tanto los exportadores como empresas de agroquímicos e instituciones públicas tendrán que estar preparados para solicitar rangos de tolerancia para las importaciones. Es decir, que el país receptor de una fruta, por ejemplo, valide la existencia de residuos de una sustancia que no utilizan, por condiciones climáticas o porque no la producen localmente.
“Chile ha participado activamente en este tema, en la APEC, y ya se desarrolló una directriz para la solicitud de tolerancias de importación, porque se entiende que va a ser la única manera de pedir a un tercer país que tolere los residuos de un plaguicida”, añade Eduardo Aylwin.
Más participación internacional
Chile participa en las reuniones internacionales relacionadas con las nuevas regulaciones de plaguicidas, y a través de instituciones del Ministerio de Agricultura y de Relaciones Exteriores se están siguiendo los principales temas que podrían afectar las exportaciones nacionales.
Sin embargo, un punto débil como país es la escasa información local que se genera para poder entregar una opinión basada en la ciencia frente a estas discusiones, con investigaciones desarrolladas en Chile sobre el impacto de algunos productos, sus efectos para la salud o el medio ambiente, algo que los especialistas y representantes chilenos consideran que requiere de un mayor impulso.
“Frente a las dinámicas de los mercados internacionales, la posición de consumidores como los europeos y las preocupaciones que existen a nivel mundial, es que nuestras instituciones y sistemas regulatorios se adapten con fórmulas que sean apropiadas para enfrentar las realidades que vienen. Para nosotros, estas discusiones son muy difíciles, porque normalmente no contamos con estudios propios con los que podamos aportar en los debates”, plantea el agregado agrícola de Chile ante la Unión Europea, Rodrigo Vega.
En ese sentido, también recalca la importancia de que la industria exportadora tenga una mirada más de largo plazo en estas materias, para poder anticipar situaciones que podrían complicarlos, y para eso sugiere que se asocien con organizaciones internacionales que representan a los productores frente a autoridades como las de la UE.
“Es necesario que se asocien a entidades como Frucom y Freshfel, porque para ellos es muy importante que esté Chile, y son quienes actúan como contraparte de los reguladores”, añade.
El presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas (Asoex), Ronald Bown, explica que como gremio se mantienen al día con las temáticas relativas a plaguicidas a través de los canales diplomáticos y formales, como la Cancillería y el Ministerio de Agricultura, y asegura que sostienen una relación directa con entidades europeas, como Shaffe y FreshfelEurope, donde figuran como miembros.
“Esta es una interesante instancia de búsqueda de mecanismos de resolución para temáticas transversales a la producción chilena y europea”, recalca.
Nuevos productos más rápido
Frente a las restricciones de algunas sustancias que podría venir a futuro, como la prohibición de algunos plaguicidas que tendrían propiedades que alteran el sistema endocrino -la de los disruptores endocrinos es una de las discusiones más potentes en esta materia que se está desarrollando en Europa-, los productores podrían quedarse sin algunas herramientas disponibles para el control de plagas y enfermedades a nivel global, lo que podría afectar también a las exportaciones chilenas que se destinan a la UE.
Por eso, una de las demandas de la industria es que se aceleren los procesos de autorización de nuevos productos por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que hasta ahora consideran que han sido demasiado lentos.
“Hay muchos productos en espera de ser autorizados, lo cual imposibilita contar con ellos en forma oportuna y a menor costo, especialmente las nuevas moléculas que han sido desarrolladas y poseen una menor toxicidad”, afirma Ronald Bown, y añade que se requiere un análisis más profundo sobre las exigencias asociadas al registro de un nuevo producto en Chile.
Frente a ese planteamiento, desde el SAG aseguran que están considerando implementar diversas medidas al respecto, como realizar mejoras tecnológicas que permitirán optimizar los procesos relacionados con la autorización de los plaguicidas.
“Algunas medidas corresponden a regulaciones específicas, como la de los plaguicidas microbianos, tendientes a agilizar el proceso de autorización de plaguicidas, con un enfoque orientado a las particularidades que poseen determinados productos, como los de naturaleza biológica”, indican en el SAG.
También detallan que anualmente autorizan unas 250 muestras de plaguicidas con fines experimentales que desarrollan y evalúan las empresas químicas, para las que se requiere que sean aprobadas bajo las condiciones agroecológicas chilenas.
Fuente: Revista del Campo