En medio del debate sobre la implementación de la Ley Uber en Chile, el exconsultor de la Cepal en infraestructura y economista de la Universidad de California, Felipe Ulloa, criticó fuertemente la medida, argumentando que podría tener consecuencias devastadoras para el empleo y la seguridad de los usuarios.
Las críticas surgen luego de que un análisis realizado por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, revelara que un alto porcentaje de conductores de aplicaciones móviles no cumplen con los requisitos exigidos por la nueva ley.
Según el informe, el 37,2% de los conductores no cumple con el requisito de antigüedad y cilindrada, mientras que el 78,3% no posee licencia profesional.
Al respecto, Ulloa comentó que “cuando una ley destruye empleo es derechamente una mala ley. No es posible que el Estado al momento de regular una actividad económica destruya empleo. Y eso es lo que está ocurriendo con la ley”.
Restricciones y reparos a la nueva Ley Uber
Según sus palabras, la normativa, al imponer requisitos estrictos para los conductores de aplicaciones de transporte, provocaría la pérdida de miles de puestos de trabajo en el país.
“La primera derivación que va a ocurrir una vez que esto entre en vigencia va a ser la destrucción de empleo y eso implica entonces que no hay crecimiento económico, etcétera”, acotó.
“Por tanto, desde ese punto de vista, ya es una muy mala ley. No obstante, cuando queremos nivelar la cancha entre los actores existentes en una industria, debemos tener mucho cuidado con este tipo de externalidades, como la que señalé, que es la destrucción de empleo”, sostuvo el experto.
Ulloa también alertó sobre el impacto negativo que la ley podría tener en la seguridad de los usuarios.
“Hoy día estamos a puerta de un paro de transporte producto de los altos índices de delincuencia. La gente ha migrado a los taxis de aplicación para básicamente resguardar sus vidas en el transporte”, señaló.
A su juicio, la reducción de conductores debido a los requisitos de la ley podría exponer a los pasajeros a un mayor riesgo de asaltos en el transporte público.
Ante estas críticas, el debate en torno a la Ley Uber continúa, mientras se espera la decisión de la Contraloría sobre su implementación y el posible impacto que tendrá en el mercado laboral y la seguridad de los usuarios del transporte público.
