El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó prisión preventiva para los dos imputados por el megaincendio registrado en febrero del presente año, y que dejó 137 fallecidos en la región.
El hecho continúa generando diversas reacciones y análisis, esta vez a cargo del experto en gestión de emergencias, Michel De L’Herbe, quien aseguró en “La Mañana de Agricultura” que “a nivel nacional, un 35% de los incendios aproximadamente deberían ser perseguidos por la justicia. O sea, se entiende que son incendios que caen en la categoría de crimen, que en Chile, además, es bastante grave en términos de las penas”.
Sin embargo, según De L’Herbe, lo que impacta en el caso es que “tenemos un incendio donde las dos personas que hasta el momento están con prisión preventiva, tienen algo en común; uno, pertenecen a instituciones que responden a la emergencia, y segundo, mira, algo que no se conversa mucho, son instituciones de carácter privado”.
“La Conaf, si bien es cierto, tiene una relación con el Estado, jurídicamente es una corporación. Y, por lo tanto, son personas que están contratadas por el Código del Trabajo. Básicamente, uno podría decir que es una corporación, y en el caso del bombero también pertenece a una corporación de carácter privado ¿Por qué te quiero señalar esto? Porque creo que aquí es bueno y es momento ya de establecer cuál es la responsabilidad del Estado en normar y regular la seguridad pública”, sumó.
Megaincendio: La tarea del Estado
Por ello, el experto destacó que hay que fijar “de una vez por todas que el Estado debe comprender que las emergencias son un componente de la seguridad pública, como ocurre en cualquier país desarrollado, y que, por lo tanto, es responsabilidad del Estado normar los procesos de reclutamiento, la regulación en materia de entrenamiento y lo que tiene que ver con la supervisión de aquello”.
Finalmente, Michel aseveró que “aquí tenemos un déficit sumamente importante, porque cuando tú regulas eso, primero garantizas un recurso humano capacitado, preparado, bajo ciertos niveles y responsabilidad, donde el Estado establece ese estándar, disminuyes las probabilidades de personal que no esté calificado, no calificado, desde psicológicamente hasta técnicamente”.