El ministro de Educación, Gerardo Varela, celebró la publicación de la Ley de Universidades del Estado en una actividad que contó con la presencia del subsecretario de Educación, Raúl Figueroa; el jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, y rectores de las instituciones que integran el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), liderados por el presidente de la organización, Ennio Vivaldi.
El ministro Varela aseguró que “todos los chilenos debemos sentirnos orgullosos” por este cuerpo legal, que fortalecerá el quehacer de las casas de estudios superiores. La ley es parte de las reformas emblemáticas del Gobierno de Michelle Bachelet en la educación superior.
“En todas las ciudades importantes de nuestro país tenemos universidades estatales haciendo soberanía, esto le hace bien a la regionalización”, agregó la autoridad.
El secretario de Estado resaltó que la norma inyectará recursos para que estos planteles fortalezcan su gestión.
“Estos son fondos que los chilenos invierten para que nuestras universidades sigan avanzando en conocimiento, en investigación y por supuesto, en docencia en favor de todos los chilenos que continuamente eligen estudiar en universidades estatales”.
En tal sentido, se establece un fondo de fortalecimiento de $300 mil millones para los próximos 10 años, que permitirá a las casas de estudios realizar planes de desarrollo institucional; fortalecimiento de la gestión; crecimiento de su oferta académica o de su matrícula; fortalecimiento de la calidad académica y formación profesional; fortalecimiento de la investigación e incidencia en la elaboración e implementación de políticas públicas.
Uno de los principales ejes de la ley es que se establece una regulación respecto de la organización y funcionamiento de estas instituciones, además de explicitar el rol del Estado en el fomento de la excelencia de estas casas de estudios.
La norma plantea que las universidades del Estado deben asumir con vocación de excelencia la formación de personas con espíritu crítico y reflexivo, que promuevan el diálogo racional y la tolerancia, y que contribuyan a forjar una ciudadanía inspirada en valores éticos, democráticos, cívicos y de solidaridad social, respetuosa de los pueblos originarios y del medio ambiente.
También establece que el Consejo Superior será el máximo órgano colegiado de cada institución y le corresponderá definir la política general de desarrollo y las decisiones estratégicas de la institución, velando por su cumplimiento, de conformidad a la misión, principios y funciones de la universidad.
En relación al nuevo sistema de gobierno corporativo para las instituciones, se establece que no será necesario que ajusten sus estatutos las instituciones que han establecido sus mecanismos de gobernanza con posterioridad a 1990. Esta modificación aplica principalmente para la Universidad de Chile y las nuevas universidades de O’Higgins y Aysén, entre otras. Con esta medida, el resto de las universidades estatales deberá ajustar sus gobiernos corporativos, modernizando así su composición.
Esta ley establece que la prohibición que hoy ya existe para el personal universitario, respecto de actos como el acoso sexual, laboral y la discriminación arbitraria a otros funcionarios, también se aplicará cuando estos actos afecten a los estudiantes y toda persona vinculada a cada casa de estudios.
De esta manera, las universidades estatales deberán seguir los procedimientos instruidos para determinar la responsabilidad administrativa del funcionario que incurra en estas prácticas, siendo la máxima sanción la destitución del cargo.
La iniciativa plantea la creación de un Consejo de Coordinación de Universidades del Estado, que buscará promover la coordinación entre este y las instituciones con una visión estratégica y de largo plazo.
También fomenta la pertinencia de las actividades de los planteles, en función de las necesidades y requerimientos de las respectivas regiones y regula por ley el financiamiento permanente de estas instituciones, a través del Convenio Marco para Universidades Estatales.
Asimismo, el cuerpo legal moderniza la gestión administrativa de los planteles, liberándolos de la toma de razón en Contraloría para trámites particulares, con el fin de que puedan agilizar sus procesos internos.